Querétaro se mantiene como líder nacional en Justicia Penal: IEDMX
En siete años de operación, el Modelo de Gestión Interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral del Estado de Querétaro, denominado COSMOS, logró situarse por quinto año consecutivo en la primera posición del ranking nacional en el Índice de Estado de Derecho, capítulo México (IEDMX) 2022-2023, elaborado por la organización de la sociedad civil de carácter internacional World Justice Project.
De acuerdo a los resultados publicados en la quinta edición del IED-MX 2022-2023, el estado de Querétaro nuevamente se coloca en el primer lugar nacional en el factor Justicia Penal, destacando la obtención de resultados positivos en los indicadores de debido proceso legal de las personas acusadas, la imparcialidad e independencia del sistema de justicia penal y un sistema penitenciario seguro y respetuoso a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En la presente administración es el segundo año consecutivo que la entidad queretana obtiene este reconocimiento, producto de la visión y el rumbo que ha trazado el gobernador, Mauricio Kuri González, para continuar afianzado y fortaleciendo la justicia penal, con la convicción de evolucionar a un Sistema de Justicia Penal Abierto.
A lo largo de cinco ediciones, el Índice de Estado de Derecho en México ha medido el grado de adhesión al Estado de Derecho en las 32 entidades federativas del país, para convertirse en la herramienta más utilizada por los gobiernos en los órdenes federal y estatal, para identificar tanto fortalezas como debilidades que permitan informar políticas públicas que contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho.
De manera anual, el estudio presentó datos actualizados e indicadores organizados en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, reflejando las perspectivas y experiencias de más de 12 mil personas y más de dos mil especialistas en temas de justicia penal, justicia laboral y salud pública en todo el país.
