REFORMA ELECTORAL: TEMOR AL VEREDICTO CIUDADANO EN 2027 ?
En los últimos días, una noticia ha concentrado la atención política y digital del país: el cónclave celebrado en Palacio Nacional, donde la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum una propuesta preliminar de reforma electoral que el Ejecutivo Federal planea enviar formalmente al Congreso en la segunda semana de febrero de 2026.
La iniciativa se presenta bajo banderas atractivas: austeridad republicana, mayor participación ciudadana y democracia inclusiva. Sin embargo, como ocurre con toda reforma electoral, el diablo está en los detalles, y el debate que ya se vive en redes sociales y en los círculos políticos revela que estamos ante un replanteamiento profundo del equilibrio de poder en México.
De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el proyecto presidencial contempla: reducir el financiamiento público a los partidos políticos, bajo el argumento de eliminar excesos y privilegios, reformular la representación proporcional, lo que implicaría recortar el número de legisladores en el Congreso de la Unión, ajustar la estructura de los órganos electorales, en particular el INE, eliminar el fuero constitucional a legisladores, una demanda social largamente postergada y fijar la revocación de mandato para 2027, coincidiendo con el siguiente proceso electoral federal.
En el discurso oficial, estas medidas buscan hacer más eficiente el sistema, acercarlo a la ciudadanía y erradicar prácticas elitistas. El gobierno insiste en que no se pretende debilitar la democracia, sino fortalecerla sin afectar a las instituciones autónomas.
No obstante, el propio diseño político de la reforma revela tensiones internas. Aliados clave del oficialismo, como el PVEM y el PT, han manifestado escepticismo y resistencia, particularmente frente a los cambios que afectarían sus ingresos y su representación legislativa. Este desacuerdo no es menor: una reforma constitucional requiere mayoría calificada, y la renuencia de estos partidos evidencia que el proyecto no solo enfrenta a la oposición tradicional, sino también a los equilibrios pragmáticos que sostienen hoy a la coalición gobernante. La reforma, paradójicamente, desnuda una verdad incómoda: la democracia cuesta cuando el poder se distribuye, pero entusiasma cuando se concentra.
Más allá de los comunicados y los discursos, la reforma parece reflejar una preocupación de fondo: el temor de la llamada Cuarta Transformación a perder el control del Poder Legislativo en 2027.
Reducir la representación proporcional, rediseñar reglas del juego y ajustar los tiempos de mecanismos como la revocación de mandato no son decisiones neutras. Son movimientos que reconfiguran incentivos, modifican correlaciones de fuerza y anticipan escenarios electorales adversos. En una democracia madura, las reformas electorales deberían surgir del consenso, la confianza y la visión de largo plazo. Cuando nacen desde el miedo a la alternancia, dejan de ser instrumentos de perfeccionamiento democrático y se convierten en herramientas defensivas del poder.
La pregunta que hoy debería ocupar a la ciudadanía no es si el sistema electoral puede mejorar, claro que puede, sino quién define las reglas y con qué propósito. Porque si la reforma electoral se diseña pensando más en cómo conservar el poder que en cómo garantizar que cada voto cuente y se respete, entonces no estamos ante una transformación democrática, sino ante un intento de blindaje político frente al juicio soberano de las urnas.
Y en democracia, conviene no olvidar una lección fundamental: las reglas del juego no deben cambiarse por temor a perderlo.
Gustavo Buenrostro
Presidente Por Querétaro, Todo A.C.
