Ciudadanas y ciudadanos libres de Querétaro, su servidor Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
El Congreso del Estado de Querétaro, en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, aprobó con mayoría de votos la reforma al Código Civil que reconoce el derecho a la rectificación de la identidad de género mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil. Esta decisión no fue tomada a la ligera: fue el resultado de un debate amplio, plural y democrático, donde se escucharon todas las voces.
Lamentamos que el titular del Poder Ejecutivo haya optado por descalificar esta reforma con argumentos que no corresponden a la realidad de lo aprobado ni a los criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como Presidente de la Mesa Directiva, me veo en la obligación institucional de precisar y defender la legalidad, la constitucionalidad y el respeto a la división de poderes.
Primero: Esta ley no afecta a la infancia ni a los menores de edad.
El dictamen aprobado es claro y expreso: solo aplica a personas mexicanas mayores de 18 años. No hay ninguna disposición que permita o facilite trámites para niñas, niños o adolescentes. Afirmar lo contrario es inexacto y genera confusión innecesaria. La protección de la infancia es un principio irrenunciable de esta Legislatura y está blindada en el texto mismo de la reforma.
Segundo: No se trata de una imposición ideológica, sino del cumplimiento de derechos humanos reconocidos por la Constitución y la jurisprudencia vinculante de la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera consistente, que la identidad de género autopercibida forma parte del libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, el derecho a la identidad personal. La Corte ha señalado que los procedimientos deben ser administrativos, accesibles, sencillos, confidenciales y sin requisitos médicos, hormonales, quirúrgicos o periciales que resulten discriminatorios o invasivos.
Lo que aprobó esta soberanía legislativa se alinea precisamente con esos criterios constitucionales y con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que México está obligado a cumplir. No inventamos derechos: los estamos garantizando de manera responsable y con los límites que la propia mayoría del Pleno consideró pertinentes.
Tercero: La certeza jurídica no se vulnera; se fortalece.
El procedimiento administrativo genera una nueva acta que respeta la identidad de la persona, manteniendo las reservas y mecanismos necesarios para obligaciones previas, filiaciones y seguridad jurídica de terceros, tal como lo ha validado la jurisprudencia de la Corte. Argumentar riesgos genéricos de “ocultamiento” o “doble identidad” sin reconocer las salvaguardas que la ley incorpora, es desconocer tanto el texto aprobado como los precedentes judiciales.
El Congreso de Querétaro actuó con responsabilidad: escuchó, debatió y legisló. Ejercer la facultad de veto no puede convertirse en un mecanismo para desconocer la voluntad mayoritaria de los representantes populares ni para bloquear el avance de derechos ya reconocidos a nivel nacional.
Hacemos un respetuoso pero firme llamado al Gobernador del Estado para que rectifique y publique la reforma en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga”. La división de poderes implica que cada institución cumpla su rol: el Legislativo aprueba las leyes conforme a la Constitución; el Ejecutivo las promulga.
Esta Legislatura seguirá defendiendo el Estado de Derecho, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. No legislamos para una minoría: legislamos para garantizar que ninguna persona en Querétaro sea obligada a vivir con documentos que no corresponden a su identidad, exponiéndose a discriminación, violencia o exclusión.
Querétaro avanza. Avanza con responsabilidad, con apego a la Constitución y con el respaldo mayoritario de sus representantes. La historia y la justicia siempre han estado del lado de quienes amplían derechos, nunca de quienes los restringen.